I. Finalidad de esta publicación e introducción al problema

En este artículo, a partir de una analogía con la ciencia médica, pretendo analizar un grave mal social que afecta a miles de chilenos y que para efectos del presente escrito denominaré automedicación jurídica. La idea es presentar una visión crítica acerca de la necesidad de asesorarse jurídicamente antes de que sea demasiado tarde.

Expertos del área de la salud señalan que la automedicación constituye un grave problema sanitario en nuestro país, debido a las numerosas consecuencias negativas que esta difundida práctica social implica para la salud de los chilenos. La administración de medicamentos sin la correspondiente supervisión de un facultativo, redunda en un serio riesgo para la salud de las personas, riesgo que podría incluso terminar en la muerte.

Por su parte, resulta muy común en la población chilena el evitar por todos los medios posibles el consultar con un abogado acerca de una determinada situación jurídica cuando ésta recién comienza a gestarse. En lugar de ello, prefieren seguir al pie de la letra los consejos o recomendaciones de algún familiar o amigo que vivió una situación semejante, que sabe o que simplemente escuchó de alguien que estuvo en circunstancias similares. No obstante ello, y de la misma forma que un caso clínico nunca es idéntico a otro y el tratamiento recomendado para un paciente no será necesariamente el mismo para el resto, en materia jurídica un caso nunca es idéntico a otro y es por ello que el único facultado para determinar la solución adecuada es un profesional del derecho y no otra persona; de la misma manera en que el médico es el único facultado para indicarnos qué medicamento ingerir y su dosis adecuada.

II. El problema de fondo deriva de una falacia

El problema de fondo en esta materia es que generalmente la población decide consultar con un abogado sólo cuando esos pequeños síntomas de una anomalía legal han evidenciado ya la espantosa realidad de una enfermedad terminal, que ciertamente pudo ser prevenida con anterioridad y con un mínimo de esfuerzo. Frente a esta circunstancia, es muy común y francamente triste, presenciar la verdadera desesperación de un cliente que busca una solución casi mágicamente rápida, eficiente y ojalá muy económica al mal jurídico que le atormenta: una demanda, la clausura de su local, un embargo de bienes, una quiebra, etc.

Las razones argüidas por la gente para no consultar con un abogado sobre determinados síntomas de un mal jurídico son diversas. Sin embargo, la más común de todas es sólo una de ellas: el alto costo de los servicios jurídicos.

Si analizamos el problema desde este punto de vista, tal parece que la “automedicación jurídica” resulta ser un mal necesario; esto por cuanto los servicios de asesoría jurídica no serían accesibles para todos los chilenos por un tema de costos. Pero, ¿es esta afirmación verdadera o constituye una falacia? Honestamente, me inclino por la segunda opción; y más aún, considero que la “automedicación jurídica” constituye una de las importantes causas de los altos costos de los servicios de asesoría jurídica en nuestro país¹.

III. Un caso típico de automedicación jurídica

Para fundamentar mi opinión, utilizaré un sencillo, pero común ejemplo que demuestra mi hipótesis:

Una persona decide contratar una trabajadora de casa particular para que realice las labores domésticas. En lugar de consultar con un abogado acerca de los requisitos y formalidades necesarias para contratar este tipo de servicios, junto con la forma correcta de cumplir sus obligaciones como parte empleadora, decide acordar “de palabra” las condiciones del contrato. La relación laboral transcurre perfectamente durante un año o más, tiempo luego del cual el contrato termina y ¡oh sorpresa!, la empleadora se encuentra con un juicio laboral ad portas y es demandada por la módica suma de $1.000.000.

En esta situación debemos comparar dos montos; por una parte, el valor de lo demandado por la trabajadora, las eventuales multas -muchas veces cuantiosas- que el órgano administrativo puede cursar, los costos inherentes a todo juicio y los honorarios del abogado que debe preparar la defensa de un caso complejo; todo esto sin perjuicio del desgaste emocional que todo litigio siempre implica. Por otra parte, encontramos el monto diez, veinte, treinta o más veces menor que implicaba el solicitar asesoría para celebrar el contrato adecuadamente y recibir simple capacitación sobre lo que implica contratar un trabajador de casa particular conforme a la ley y para su caso en concreto.

Lo que intento demostrar con este simple ejemplo, es en definitiva que muchas veces el alto costo de los servicios legales no es la causa la “automedicación jurídica”, sino que precisamente su negativo efecto. Como lo he señalado, desafortunadamente la población, haciendo un símil con el área médica, decide solicitar asesoría legal sólo cuando aquellos pequeños síntomas de una anomalía jurídica se han transformado ya en una enfermedad terminal, cuyos costos de sanación son necesariamente mucho más altos que los de simple medicina preventiva que implicaba un análisis profesional a tiempo, a fin de evitar desastrosas consecuencias jurídicas.

IV. Prevenir siempre es mejor que curar

Las posibilidades de obtener asesoría legal antes de celebrar un acto o ejecutar un hecho que podría traer consecuencias legales negativas, hoy en día son variadas. En un primer término, las empresas, sindicatos u otro tipo de instituciones pueden celebrar convenios tendientes a ofrecer asesoría jurídica gratuita a sus trabajadores o afiliados. Por su parte, los costos de asesoría legal particular que no implique resolver un conflicto jurídico, sino que evitarlo son menores a los de un juicio o procedimiento contencioso administrativo. Finalmente, existen además diversas instituciones del Estado que proporcionan servicios de asistencia jurídica gratuita para la gente desposeída que no tiene los medios suficientes para contratar estos servicios profesionales.

En atención a los precedentes argumentos, considero que no existe una justificación válida para las prácticas de “automedicación jurídica”, como tampoco la existe para la automedicación en sentido estricto, según lo advierten los profesionales de la medicina. Asimismo, las consecuencias de la “automedicación jurídica” pueden ser realmente serias para el patrimonio e incluso la persona misma de quien decide actuar sobre la base de un consejo proveniente de un familiar o amigo y no de un profesional del derecho.

Lo mejor es evitar los problemas legales en lugar de solucionarlos, sin que esto implique, en caso alguno, falta de eficiencia al momento de enfrentar, finalizando ya las analogías con el campo médico, una cirugía mayor reconstructiva.

Referencias

¹ Cabe destacar que otro factor determinante de los elevados costos de los servicios jurídicos está constituido por los -muchas veces desproporcionados- honorarios cobrados por los auxiliares de la administración de justicia, que ejercen sus funciones bajo el alero de un sistema a todas luces arcaico y deficiente. Resulta lamentable que aún no exista la voluntad política suficiente para cambiar este sistema de una vez por todas. Sin embargo, este es un tema extenso que bien podría permitir su análisis en un artículo independiente.